Preocupado por desactivar una bomba fiscal que supera los $50.000 millones, el titular del Banco Central avisó que no reconocerá ganancias gatilladas por una devaluación, medida que va en línea con la denuncia contra Vanoli. Los bancos rechazan la insinuación de que incurrieron en un acto ilegal

 

Con los tapones de punta. Así arrancó la gestión del equipo económico de Mauricio Macri, que ya en su primer día se enfrascó en un duro conflicto nada menos que con los bancos.

El origen del problema es este: con Alejandro Vanoli al mando, el Banco Central ofrecía pagar -por ejemplo- $10 para los acuerdos de dólar futuro establecidos con fecha enero. 

Sin embargo, en el exterior, esos mismos contratos se pactaban a $15. Es así que, de no mediar cambios, la diferencia de $5 entre:

- El precio en el convenio estipulado. 

- El precio del dólar oficial (para la fecha vencimiento).

Deberá cancelarla el Banco Central. 

Claro está que cuanto mayor sea ese gap, más le costará afrontar estos compromisos vinculados con la operatoria de dólar futuro.

Así las cosas, si Macri decidiese avanzar en una devaluación -para corregir el atraso cambiario y unificar el mercado de la divisa estadounidense-, dar ese paso podría costarle al BCRA más de $60.000 millones.

Es por eso que, si bien todavía no fue nombrado formalmente como titular de esa entidad, Federico Sturzenegger no quiso perder ni un minuto.

Les planteó a los directivos de los bancos que su intención era la de no reconocer tales diferencias.

Es decir, que cuando se venzan esos acuerdos y quieran cobrar ese gap se quedarán lisa y llanamente con las manos vacías.

 

La jugada intenta el triple objetivo: desactivar una bomba fiscal, marcar una actitud ética en el manejo financiero y reafirmar autoridad ante el mercado.

De este modo, estalló la primera batalla del plan económico macrista.

Incluso este viernes en la city algunos operadores mencionaron la palabra "default", en relación a un posible incumplimiento.

Al menos esa es la visión que tienen algunos banqueros, que alegan que las nuevas autoridades están legalmente obligadas a respetar lo pactado y rechazan el argumento de haber incurrido en una especulación.

Afirman que las entidades no compraban para sí mismas sino para sus clientes, en su mayoría empresas, que buscaban cubrirse por sus operaciones de comercio exterior.

Sin embargo, Sturzenegger no parece conmovido por ese argumento. 

De hecho, el nuevo Gobierno cuenta con poderosas razones, de índole política, económica y legal como para endurecer su postura. 

Primero que nada, en el entorno macrista destacan que la nueva gestión está obstinada en mostrar que actúa en sintonía con las denuncias que realizó en plena campaña electoral.

En aquel momento impulsaron la imputación penal contra Vanoli argumentando que estaba "regalándole" miles de millones de pesos a los bancos, sosteniendo contratos por un tipo de cambio claramente ficticio.

Además, en línea con lo expuesto por Macri en su discurso inaugural, esta negativa a pagar está sustentada en un argumento moral antes que jurídico, ya que se cuestiona la ética de un tipo de operatoria en la que era evidente que el Estado sufriría un quebranto.

Como parte de una estrategia de consolidación de imagen política, ahora que el tema tomó estado público, el Gobierno está decidido a tensar la situación.

Ceder frente a los bancos en el mismo arranque de la gestión equivaldría a enviar una señal de debilidad que, en el futuro, será explotada tanto por el mercado financiero como por la oposición política.

El motivo de fondo es la urgencia por desactivar la "bomba fiscal" que supondría el pago de miles de contratos, tal cual fueron firmados, una vez que se produzca la devaluación más anunciada de la historia.

 

Futuros inciertos

Los contratos de futuros de dólar consisten en que un vendedor, en este caso el Banco Central, se compromete a entregar en una fecha determinada - por ejemplo en un plazo de 12 meses-, una cantidad de divisas a un precio preestablecido (en pesos).

Así, en el mercado local, tanto en el Rofex de Rosario como en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), los contratos se negocian al tipo de cambio oficial, referencia que cerró el viernes en un promedio de $9,79.

El acceso a la primera de estas plazas es más directa y corresponde, en general, al inversor minorista, por lo que alrededor del 80% de las operaciones a plazo se realiza a través de este canal.

En cambio, el MAE es una entidad autorregulada y supervisada por la Comisión Nacional de Valores, en la que forman parte los bancos privados de capital nacional y extranjeros, también bancos nacionales, provinciales y municipales, compañías financieras, casas de cambio y agentes puros.

En esta plaza se negocian títulos públicos nacionales y de privados de renta fija (Obligaciones Negociables y otros), letras y notas del BCRA (LEBACs y NOBACs), bonos provinciales y municipales. Además certificados de participación en fideicomisos financieros y fondos cerrados de inversión, entre otros.

Si se toman los precios actuales del Rofex, para fin de enero próximo se convalida un dólar a $10,28, a marzo a $10,83, o bien, para junio de 2016 a $11,63.

Esto significa que si el Gobierno actual decide realizar una fuerte devaluación para acomodar y unificar el valor del tipo de cambio oficial al mismo que se negocia tanto en el plano bursátil (el contado con liquidación) como en el informal, de unos $15 (un 50% más), el Central debería emitir miles de millones para pagar dichos contratos.

Se calcula que con en este instrumento el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, comprometió a entregar más de u$s12.000 millones, que vendió en el mercado a "precio de oferta" para calmar las expectativas de devaluación.

Justamente, este hecho es lo que le valió a que fuese imputado por el juez Claudio Bonadio, que también allanó el BCRA a principios de diciembre.

En definitiva, este juego peligroso con el patrimonio del Banco Central, le representaría a la entidad pagar casi $5 extra por cada contrato, solo si se calcula que el tipo de cambio oficial saltaría de los $10,28 actuales que se negocian para enero hasta los supuestos $15 que se depreciaría el peso a principios de 2016.

Esto representaría un total de $56.700 millones adicionales que se deberían abonar como mínimo para que los privados accedan a los dólares acordados.

Tal cantidad de pesos no sólo podría presionar en el mercado cambiario, sino que pondría en riesgo cualquier plan de contención de la inflación.

Sólo para tener una idea de la importancia de esta cifra ($56.700 millones), significa:

-Casi la mitad de toda la recaudación impositiva de noviembre.

-Prácticamente lo mismo que se recaudó en noviembre de todo concepto de IVA.

-Es el 65% de lo tributado en impuesto al cheque en los primeros 11 meses del año.

-Unos $5.000 millones más de lo que aportaron los impuestos a los combustibles en los primeros 11 meses del año.

Empezó la polémica

Para algunos economistas la polémica recién arranca. 

 

En efecto:

-  No pagar estos contratos es un problema, por cierto no menor, ya que un incumplimento sería un muy mal debut para la gestión macrista. 

-  Pero, por otro, hacerlo compromete las arcas del Banco Central y resta margen de maniobra para acomodar el tipo de cambio y bajar la inflación.

"Es una medida controvertida. Sería una forma de romper contratos, ya que se está incumpliendo lo que se había pactado. No sé si llamarlo default", destaca a iProfesional una fuente de una importante entidad privada.

Y agrega: "Los bancos van a actuar a través de sus respectivas cámaras (ABA y ADEBA), que se juntarán a hablar con las autoridades del BCRA".

Desde una de los principales entidades financieras del país, una fuente con conocimientos en este tipo de transacciones aseguró a este medio que los bancos "están en el medio de los contratos, son actores pasivos frente a los clientes que deberán responder por ellos y reclamarle al BCRA. Pero la realidad es que hay firmas que podrían declarar el default".

Al respecto, el economista Fausto Spotorno opinó: "?No hay una salida elegante del tema de los futuros del dólar. Solamente una mala y una fea".

El analista Dardo Gasparré consideró que si el Gobierno paga los contratos, "no tendrá autoridad para hacer ningún recorte, ni cambiar nada. Será cómplice".

Y justificó la actitud oficial: "Comprar futuros en las condiciones y precios a los que se adquirieron es como tomar un seguro del auto después de chocar".

Un informe de Delphos Investment consideró que "el ‘subsidio' que tenían los contratos ya era sabido desde hacía tiempo".

Esto lo justifica en que al mes de julio pasado los contratos con vencimiento a diciembre 2015 tenían una variación implícita del tipo de cambio del 20 por ciento".

"El problema es que el atraso cambiario se fue tornando cada vez más evidente y el mercado actuó en consecuencia comprando todo, con único oferente y bajo la premisa de contener expectativas cambiarias", resumió Delphos.

"Esta novela debe tener una solución y defaultear no sería bien visto por el mercado, del cual se necesitará ayuda en el corto plazo", destacó.

Por lo pronto, las partes están en plenas negociaciones desde que se confirmó la victoria de Cambiemos, pero la salida legal también es analizada, en caso que no se llegue a un acuerdo.

 

Cuál es la vía legal 

Si el BCRA decide solucionar el tema en los tribunales, podría plantear que las ventas de Vanoli de estos contratos a futuros fueron un "objeto ilícito" del acuerdo enmascarado en una forma de comercialización legal.

Si ello fuera así, no sólo el ex presidente del Central debería sentarse en el banquillo de los acusados por "incumplimiento de deberes de funcionario público", sino también todos aquellos que concertaron esa operación como seguro de cambio.

En este caso, se podría dar una situación insospechada, ya que el macrismo podría recurrir a una de las leyes más relevantes que sancionó el kirchnerismo, como fue la incorporación de los delitos económicos y financieros al Código Penal.

 

La normativa contempla castigos con prisión, inhabilitación y multa a los funcionarios y a sus instituciones.

Un gran inconveniente que remarcan los especialistas consultados por iProfesional es que ir a la Justicia y suspender el pago hasta su resolución puede ser un arma de doble filo.

Es que en caso de no recibir una sentencia favorable (y que la operación llevada a cabo por Vanoli sea considerada legal), obligaría no sólo tener que abonar $15 por cada dólar, sino también sus intereses, costas del litigio y honorarios de abogados.

Para las nuevas autoridades del BCRA el fraude contra el Estado surge cuando la anterior dirigencia, comandada por Vanoli, operó sobre la previsión de un dólar estipulado a  un valor muy inferior al proyectado por el mercado, permitiéndole lograr a algunos jugadores fuertes ganancias, que tendrían como contraparte el quebranto de la entidad monetaria.

El abogado Jorge Grispo, titular del estudio Grispo & Asociados, explicó que "cuando se efectúa una operación de venta (de cualquier cosa a futuro) y luego se presenta una denuncia ante la Justicia, que luego prospera, esa transacción va a ser declarada nula y no va a tener ningún valor".

Pero advirtió que un juez debe ser quien declare nula a esa venta. Sin embargo, eso requiere tiempo. Incluso, puede llevar años, si la sentencia es apelada ante los tribunales superiores, incluyendo la Corte Suprema.

En ese caso, el magistrado puede dictar una medida cautelar -a pedido de parte interesada, en este caso el BCRA-, suspender los pagos provisoriamente hasta que se dicte la resolución de fondo.

El mercado del Rofex garantiza esa operación, por lo que si se judicializa el tema, los litigios de quienes no acepten cobrar menos que lo que les correspondería recaería sobre el patrimonio del mismo Rofex, que luego debería replicar la demanda contra el Banco Central.

En el MAE, son contratos entre partes, es decir donde cada uno garantiza lo que le corresponde pagar. En este punto, otro especialista -que pidió mantener estricto off the record-, destacó que los bancos podrían argumentar que actuaron de buena fe, que son meros intermediarios de una maniobra legal y que actuaron en nombre de sus clientes, interesados en adquirir dólar futuro.

 

En ese sentido, hay que ver cómo se plantea la causa judicila para determinar las responsabilidades. 

En un caso, el juez debería evaluar si es la venta es nula, porque el funcionario (en este caso, Vanoli) cometió un ilícito, por lo que en caso de obtener una respuesta afirmativa, allí no habría una responsabilidad estatal.

En cambio, si el funcionario actuó conforme a derecho (de acuerdo a sus atribuciones legales) y aun así la venta es declarada nula (por algún motivo en particular), podría surgir la responsabilidad del Estado si los compradores son de buena fe.

En esta hipótesis, el Gobierno debería pagar los intereses y los daños y perjuicios que genere su incumplimiento.

Por otro lado, el titular del estudio Grispo & Asociados destacó que si se determina también que los compradores a futuros son cómplices de la ilicitud, y no son de buena fe, no podrían reclamar ningún daño por la falta de pago. 

 

Además, llegado el caso, también podrían ser denunciados penalmente.

Aunque, por el momento, no se piensa en que el problema se resuelva de forma conflictiva. Fuentes del Rofex y MAE, reconocieron ante iProfesional que desde hace varios días, están intercambiando propuestas con las nuevas autoridades para que el agua no llegue al río, sobre todo para no generar olas en el inicio de un Gobierno que quiere apuntalar un plan para recuperar la confianza en el país.

 

 

Iprofesional.-

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