Pese a su trámite jubilatorio, Oyarbide deberá afrontar el proceso disciplinario. El inicio del trámite jubilatorio no exime al Juez Federal del descargo de deberá presentar el 5 de abril ante la comisión de acusación del Consejo de La Magistratura, asi como tampoco de la continuidad del proceso disciplinario que podria llevarlo a enfrentar un Jury de Enjuiciamiento.

El inicio del trámite jubilatorio no exime al juez federal Norberto Oyarbide del descargo que deberá presentar el 5 de abril ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, así como tampoco de la continuidad del proceso disciplinario que podría llevarlo a enfrentar un Jury de Enjuiciamiento si se da lugar a las denuncias que pesan sobre el magistrado por mal desempeño.

"El juez federal Norberto Oyarbide comunicó este miércoles a la Comisión el inicio de su trámite jubilatorio", informó la consejera Adriana Donato, presidenta de la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, al informar ante el plenario las novedades de su área.

El juez Oyarbide fue citado el martes 5 de abril a las 9 por el artículo 20 del reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación, para que presente su descargo ante las denuncias por mal desempeño de sus funciones.

La citación a un magistrado por el artículo 20 del reglamento de la Comisión, que se asemeja a una declaración indagatoria, puede cumplirse en forma personal, presentándose a declarar él mismo ante el Consejo, o por escrito, que es la modalidad que elijen generalmente los magistrados para estas situaciones.

Según explicó a Télam, la consejera Donato, repesentante ante el Consejo de los abogados de Capital Federal, "el trámite en el Consejo de la Magistratura sigue su curso, sin que se modifique la situación del magistrado" ante el inicio de su trámite jubilatorio.

 

"Lo único que pone fin a un trámite disciplinario es una situación por la que la persona deja de ser juez"

Leónidas Moldes.

 

Tras la declaración del juez Oyarbide ante el Consejo, el trámite disciplinario continuará en la Comisión de Acusación y Disciplina que, en base a su descargo, decidirá el inicio, o no, de un juicio político al magistrado.

"Lo único que pone fin a un trámite disciplinario es una situación por la que la persona deja de ser juez", explicó a Télam el consejero Leónidas Moldes, representante en el Consejo de la Magistratura de los jueces.

"Hoy no cambia nada", coincidieron Donato y Moldes, aunque reconocen que si Oyarbide obtiene la jubilación o presenta la renuncia, y ésta es aceptada, el trámite disciplinario "se cae".

Si bien Oyarbide lleva tiempo anunciando su voluntad de abandonar el Poder Judicial con el inicio de su jubilación, los trámites los inició luego de que el Consejo de la Magistratura decidiera su citación.

Para llevar a un magistrado a juicio político es necesario un dictamen de la Comisión de Acusación y Disciplina, que luego sea aprobado en el plenario del Consejo de la Magistratura por mayoría absoluta de los votos de todos los presentes.

El oficialismo tiene ocho de los nueve votos que necesita para enviar a un juez a juicio político, previa suspensión, pero si el representante del sector académico mantiene su postura (voto en contra de Oyarbide y sumó su voto para la citación), se alcanzarían los nueve votos necesarios y se abriría el jury (Tribunal de Enjuiciamiento).

El beneficio para Oyarbide, que está al frente del juzgado federal 5 desde 1994, si lograra irse del Poder Judicial a través de una jubilación o renuncia, y no de una remoción, es mantener su ingreso, ya que el Estado seguiría pagándole la jubilación, que es casi el mismo monto que percibe hoy.

Un magistrado jubilado percibe el 82 por ciento de su sueldo, y a eso se suma que deja de tener descuentos jubilatorios, lo que llevaría su ingreso a cerca del 95 por ciento de lo que cobra hoy como salario.

Oyarbide fue denunciado por haber suspendido en 2013 un allanamiento a una financiera tras recibir el llamado telefónico de Carlos Luizzi, segundo de Carlos Zannini en la Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El juez está acusado de presunto mal desempeño por realizar actos de manifiesta arbitrariedad, desconocimiento inexcusable del derecho y negligencia grave en el ejercicio del cargo, según el dictamen del entonces consejero Ricardo Recondo, de mayo de 2014, que fue quien recogió las denuncias presentadas y llevó el caso al Consejo de la Magistratura. Así lo informo Télam en su portal digital de noticias.

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