(Corrientes Virtual). - Será una vez que termine de implementarse el nuevo Código Procesal Penal. "La balanza de la Justicia comienza a equilibrarse, ya que el sistema siempre fue más favorable para el delincuente" afirmó el abogado y profesor Guillermo Chas.

A lo largo de los últimos años, cada vez más voces se sumaron al reclamo por una justicia más justa, que escuche a las víctimas de los delitos y les garantice sus derechos. Así fue que en el año 2017 el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos, y el mismo camino siguió la Provincia de Corrientes al sancionar la Ley 6.518 que aprobó el nuevo Código Procesal Penal provincial.

"Para entender de qué estamos hablando, lo primero que tenemos que saber es que el Código Procesal Penal es algo así como el reglamento que regula cómo se lleva a cabo un juicio contra una persona que está acusada de cometer un delito" explica Guillermo Chas, abogado constitucionalista y docente universitario.

"El Código Procesal Penal dice cuáles son las atribuciones de los jueces, que deben juzgar; de los fiscales, que deben investigar; y también de los acusados, que tienen derecho a defenderse. Sin embargo, hasta ahora, el Código Procesal Penal correntino, que había sido puesto en vigencia hace casi 50 años, se olvidaba por completo de la víctima, dejándola fuera de todo el proceso: esto es una incoherencia y una gran injusticia, ya que el afectado por el delito no tenía ningún derecho" agrega el jurista.

Según el Dr. Chas, "el nuevo Código Procesal Penal pone a Corrientes en el Siglo XXI, ya que sigue la línea marcada por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, las leyes nacionales y también los Códigos de otras provincias que ya se adelantaron en este camino."

"Esta nueva norma le dedica capítulos enteros a los derechos de las víctimas. Por ejemplo, en el artículo 99, el nuevo Código Procesal Penal les permite ver las causas, ser informadas por las autoridades judiciales acerca del estado del proceso y la situación del acusado, como así también aportar información y pruebas contra el denunciado e incluso a recibir un abogado gratuito puesto por el Estado, beneficio que hasta hoy solo tienen los acusados de un delito, a quienes se les ofrece un defensor oficial. Esto definitivamente equilibra la balanza de la justicia." concluyó Guillermo Chas.