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(Corrientes Virtual). - Un fiscal pidió hoy que se condene 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, en una acusación que la alianza gobernante definió como un intento de proscripción o condicionamiento contra la ex mandataria.

Según informaron desde la agencia de noticias Télam: Después del alegato del fiscal Diego Luciani, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 rechazó el pedido presentado temprano por la vicepresidenta para ampliar mañana su declaración indagatoria, por lo que el debate entró en cuarto intermedio hasta el 5 de septiembre.

"Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa", escribió Cristina Fernández en su cuenta de Twitter al conocer la decisión del tribunal.

"Por ello -añadió- mañana a las 11, a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales".

El pedido de condena contra la Vicepresidenta fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal 2, tras considerar que la ex mandataria fue la "jefa de la asociación ilícita", a la que se acusa además de haber cometido el delito de administración fraudulenta contra el erario.

La exposición final de Luciani, en el alegato en el que intervino también su colega Sergio Mola, incluyó exhortaciones a los miembros del TOF 2 a dictar una sentencia "ejemplar" para que se convierta en "el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones".

El fiscal aprovechó el nivel de exposición que tuvo su alegato -reproducido en vivo por los portales de noticias más consumidos y por distintos canales de televisión- para enviar mensajes en varias direcciones: le habló a la sociedad, criticó al presidente Alberto Fernández y presionó sobre los jueces para obtener las condenas que solicitó.

El Presidente Alberto Fernández, ministros, secretarios de Estado, la CGT, legisladores y funcionarios del Frente de Todos difundieron declaraciones en solidaridad con Cristina y denunciaron un intento por proscribirla o condicionarla.

Luciani también pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López, y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.

Para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, reclamó 4 años de cárcel; para los los ex responsables del Distrito N°23 "Santa Cruz" de la DNV, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda solicitó 6 años de prisión y para los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz pidió distintos penas de entre 3 y 6 años: para Héctor Garro, 3 años de prisión en suspenso; para Juan Carlos Villafañe, 6 años; para Raúl Pavesi, 5 años, y 4 para José Raúl Santibáñez.

Párrafo aparte le dedicó al exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, primo del difunto expresidente Néstor Kirchner: sostuvo que no se encontraron elementos que acreditarán su participación en la denunciada asociación ilícita pero pidió que sea condenado a 2 años de prisión en suspenso por abuso de autoridad.

Antes de solicitar las condenas, el fiscal les habló a los jueces y utilizó su tiempo también para referirse al impacto de la corrupción, que dijo haber logrado probar: "La gran corrupción privó al Estado de recursos. Fueron los más pobres los que se vieron más afectados, es a los más necesitados a los que se priva de fondos desapoderados del Estado. Todos estos recursos podrían haberse utilizado para un verdadero progreso".

"Sin justicia no hay orden ni paz social. Hoy la sociedad reclama justicia. Está en sus manos, señores jueces. Una sentencia ejemplar puede constituir el primer paso para que las instituciones recuperen la confianza", dijo.

"Señores jueces, este es el momento: es corrupción o justicia", añadió en dirección a los magistrados del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso, y aprovechó el tiempo también para afirmar que la sociedad debería estar "orgullosa" del trabajo de la fiscalía que él integra.

El representante del ministerio público también requirió el decomiso de unos 5321 millones de pesos para ser destinados a instituciones de bien público, dado que para la acusación ese es el monto del supuesto perjuicio para las arcas del Estado.

"Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad. Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país", declaró el fiscal en la parte final de su alegato, justo antes de formular los pedidos de pena.

Antes de adentrarse en los años de condena que pediría para cada uno de los imputados, el fiscal volvió a referirse, aunque en forma genérica, a los supuestos delitos investigados y a la participación atribuida a cada uno de los imputados.

Los párrafos más críticos se los dedicó a la ex mandataria, a quien acusó de haber defraudado "las expectativas de los ciudadanos que la votaron", y a quien le espetó el haber "demostrado desprecio hacia la ciudadanía en general y hacia los ciudadanos de Santa Cruz en especial".

También, antes de pasar al "petitorio", el fiscal le solicitó al tribunal que extraiga testimonios en relación a situaciones ocurridas durante el juicio, a fin de que se investiguen posibles delitos de acción pública que hasta aquí no habían sido tratados, como la supuesta participación de las empresas Petersen y Esuco en los hechos.

Para la fiscalía, la constructora Petersen, Thiele & Cruz, de los Eskenazi, y la firma Esuco, de la familia Wagner, se habrían prestado para simular competencia en algunas licitaciones que las empresas de Báez ganaron en Santa Cruz (Carlos Wagner declaró en el juicio como testigo).

Luciani requirió además que se investigue si hubo irregularidades vinculadas a la obra del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos, a partir de conversaciones de whatsapp extraídas del celular de José López, entre el ex funcionario y Abel Fatala.

Allí también pidió que se investigue si de algunos mensajes en particular, utilizados como prueba para su propio alegato, surge la comisión de algún delito: en ese momento volvió a incluir el nombre del diputado nacional y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner.

En la última parte de su alegato, el fiscal pidió tiempo para las últimas reflexiones y consideró que "se intentó esconder la corrupción" y que "en los últimos años la corrupción dejó de ser un tema de agenda política" porque "se optó por eludirla".

En ese punto, el fiscal criticó que la Oficina Anticorrupción dejará de ser querellante y la Unidad de información Financiera (UIF) pidiera la absolución de los acusados, y aprovechó el espacio también para cuestionar que la ex mandataria hubiera dicho en el juicio que a ella la absolvió "la historia" cuando "bien sabe que es el Poder Judicial" la institución encargada de enjuiciarla.

Antes, el fiscal también le mandó un mensaje al presidente Alberto Fernández, ante las más de 19000 personas que miraban su alegato por YouTube, cuando lo acusó de haber defendido "puerilmente a su compañera de fórmula" cuando le tocó declarar en calidad de testigo.

El fiscal buscó achacarle que, antes de ser Presidente, se hubiera referido en forma crítica, en público, a supuestos temas de corrupción vinculados a la gestión kirchnerista -sobre todo después de la detención de José López- y que en el juicio al que fue convocado hubiera declarado en distinta dirección. 

"No hace falta que diga acá que uno de los motivos por los que renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz", dijo Luciani en alusión al Presidente de la Nación, a quien, para sorpresa de quienes seguían el juicio, también acusó de "injerencia indebida" en el Poder Judicial porque en su testimonio refirió que las decisiones en materia de contratación pública no son revisables en los tribunales.