Bonadio ordeno mas de 10 allanamientos Cristina Kirchner en Santa Cruz
El Juez Federal Claudio Bonadio quien investiga a Los Sauces, firma dedicada al rubro inmobiliario, propiedad de la ex presidenta y cuyos únicos clientes son Cristóbal López y Báez
(Corrientes Virtual). – El Doctor Bonadio ordeno una serie de allanamientos, nuevamente en la Provinica de Santa Cruz, en esta oportunidad sobre propiedades de Los Sauces, la empresa dedicada al rubro inmobiliario, propiedad de Cristina Kirchner, cuyos dos únicos clientes son el empresario K Lázaro Báez y Cristóbal López.
Los procedimientos que son cerca de diez, comenzaron en simultáneo en Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén.
Desde las 9, los efectivos de la Policía Federal, Delegación Santa Cruz. Las órdenes judiciales alcanzan a propiedades de la empresa de la ex Presidenta denunciada por la diputada Margarita Stolbizer.
Según informo Iprofesional. Los Sauces fue una de las primeras de las sociedades constituidas por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner. Lo hicieron en 2006, con domicilio fiscal en la calle Alcorta 76 en la ciudad de Río Gallegos y un capital social de $ 100.000.
«Esto es parte de las irregularidades, en dicha sede no se encuentra a la empresa ni tiene nada que ver con la misma, se trata de un domicilio ficticio», especifica la denuncia de la diputada nacional por el GEN.
El juez Bonadío allanó hace poco las oficinas de las empresas de Cristóbal López que tenían contrato de alquiler con las oficinas de Puerto Madero propiedad de Los Sauces SA.
Esta firma dedicada en su objeto social al rubro inmobiliario, lleva adelante la gestión del hotel boutique con el mismo nombre, propiedad de la ex Presidenta. Pero hasta 2015 la sociedad anónima no actualizó su directorio “ni presentó sus estados contables”, consta en la presentación judicial.
Con el correr de los años, Los Sauces S.A. fue presentando diferentes movimientos que fortalecieron los vínculos con Cristóbal López y Lázaro Báez, ambos apuntados por la Justicia: se convirtieron en los únicos inquilinos de las propiedades de esta empresa, garantizando ingresos millonarios a los Kirchner, indicó el diario Clarín.
La empresa es propietaria de ocho inmuebles distribuidos en Río Gallegos, El Calafate, El Chaltén y Buenos Aires: 2 lotes de terreno en el Calafate; 2 lotes de terreno en Rio Gallegos; 1 lote en el Chalten; 2 departamentos con cochera en Puerto Madero y 1 casa en Rio Gallegos.
Todos los bienes son alquilados a Valle Mitre, Loscalzos y Del Curto y Kank y Costilla, propiedad de Báez; y a firmas de Cristóbal López, Alcalis de la Patagonia e Inversora M &S.
Néstor Kirchner en 2009 declaró que le adeudaba unos tres millones de pesos a la empresa que continuó ampliando sus propiedades.
Compró así un complejo en Puerto Madero, en el edificio Madero Center, por más de dos millones de dólares, cuyo único inquilino fue Cristóbal López a través de sus empresas Alcalis de la Patagonia (donde Sanfelice figura como empleado) e Inversora M & S (donde trabaja Romina Mercado, presidenta de Hotesur). Pagaban $2,8 millones y $220.825 respectivamente.
Esta firma no sólo vincula a los Báez y Cristina por los alquileres de inmuebles, sino también por las deudas. En 2009, la ex mandataria declaró $2,9 millones que adeudaba Los Sauces S. A. a Los Calzos y Del Curto, constructora del empresario K. La empresa, foco de una nueva denuncia, también declaró deudas con Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo por $922.834.
Entre las irregularidades que podría constituir falsificación de documentación, la abogada de Stolbizer, Silvina Martínez, explicó a Clarín que la residencia de Cristina Kirchner en Río Gallegos, en el Barrio Jardín, fue declarada inicialmente como una propiedad adquirida por Negocios Patagónicos (firma de Sanfelice) por $ 200.000. Sin embargo, “después consta que Los Sauces S.A. la compró por $ 250.000”.
En ese domicilio, permanece estos días sin exposición pública la ex Presidenta.
Todas estas propiedades están bajo la lupa de la Justicia y algunas están incluidas en la orden de allanamiento que fue enviada al sur.
La denuncia apunta contra la “falsificación de documentación” y diferencias en las declaraciones de los inmuebles.
